PSICOLOGIA Y DERECHO DE FAMILIA

by Sergio G. Benaroya

Introducción

El derecho establece normas y sanciones, mientras que la psicología busca comprender las motivaciones detrás de las acciones. El derecho se basa en el libre albedrío y la responsabilidad, mientras que la psicología considera que muchos comportamientos son el resultado de procesos sociales y emocionales.

La psicología estudia cómo las interacciones sociales y las normas culturales influyen en el comportamiento humano. En el contexto del derecho de familia, sirve para entender cómo los individuos actúan dentro de sus roles familiares, cómo se comunican y cómo resuelven conflictos. Por ejemplo, el estudio de la dinámica familiar puede ayudar a los abogados y jueces a comprender mejor las motivaciones detrás de las decisiones de los padres en situaciones de custodia o crianza.

La socialización es un proceso fundamental que influye en cómo los individuos perciben sus roles dentro de la familia. La psicología puede proporcionar información sobre cómo las experiencias de infancia y las normas familiares afectan el comportamiento de los adultos, lo que es esencial al evaluar casos de violencia doméstica, abuso infantil o conflictos de pareja. Comprender estos antecedentes puede ayudar a los operadores del derecho a tomar decisiones más informadas y justas.

Las normas sociales juegan un papel importante en la forma en que se perciben y se aplican las leyes familiares. La psicología puede ayudar a identificar y analizar estas normas, permitiendo a los profesionales del derecho entender mejor las expectativas culturales que pueden influir en los casos que manejan. Esto es particularmente relevante en contextos donde las normas tradicionales pueden entrar en conflicto con los derechos individuales, como en el caso del matrimonio igualitario o la adopción por parejas del mismo sexo.

La psicología también puede informar sobre estrategias de intervención temprana en situaciones familiares problemáticas. Al comprender los factores sociales que contribuyen a problemas como el abuso o la negligencia, los profesionales del derecho pueden trabajar junto con psicólogos y trabajadores sociales para desarrollar programas que aborden estas cuestiones antes de que se conviertan en litigios legales.

La noción de justicia terapéutica, que busca no solo resolver conflictos legales sino también abordar las causas subyacentes de estos conflictos, puede beneficiarse enormemente de la psicología. Esta perspectiva permite a los operadores jurídicos considerar no solo las leyes aplicables, sino también el bienestar emocional y psicológico de las partes involucradas, promoviendo soluciones más efectivas.

Los estudios en psicología jurídica pueden ayudar a evaluar la capacidad parental y el impacto del divorcio en los hijos. Se pueden realizar evaluaciones psicológicas para determinar cómo cada progenitor puede afectar el desarrollo emocional y psicológico de los niños.

Divorcio.

La situación parental ideal para garantizar un desarrollo psicológico saludable en niños y niñas es aquella en la que el núcleo familiar original logra mantenerse estable a lo largo de las distintas etapas evolutivas del niño. Se sostiene que una familia estable es fundamental para asegurar un desarrollo adecuado, especialmente considerando la vulnerabilidad inherente a esta etapa de vida. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando los padres deciden conscientemente poner fin a esta estructura familiar? Cada día, una gran cantidad de niños y niñas experimenta el impacto negativo de la separación de sus padres, lo que se convierte en la principal fuente de estrés y sufrimiento durante la infancia y adolescencia. Esto se debe a la perturbación emocional y a la desorganización relacional que genera un impacto negativo en el desarrollo evolutivo, en la organización psicopatológica y en el riesgo de adoptar elecciones patológicas de objeto o estilo parental.

Cuando los padres mantenían una relación como pareja antes de la separación, el impacto emocional en los hijos puede ser aún mayor. Además, diversos factores pueden amplificar este efecto: el tipo de apego inicial entre el niño y los padres; la presencia de discusiones hostiles, confrontaciones o desacuerdos importantes; y la calidad de la relación parental con el niño. La ubicación de los dos padres, la calidad de sus vidas independientes, su historia previa como pareja separada y las posibilidades de formar nuevas relaciones personales también influyen en este proceso. Por ejemplo, si uno de los padres es narcisista o si existe una identificación conyugal fuerte, esto puede afectar la dinámica familiar.

Además, según las características educativas y de cuidado que caracterizaban a la pareja antes de la separación, frecuentemente esta ruptura conlleva cambios significativos en la figura paterna o en la relación filial, a menudo caracterizada por disfuncionalidades.

La integración de la psicología jurídica en los procesos de divorcio no solo mejora la eficacia de las resoluciones legales, sino que también promueve una justicia más terapéutica, centrada en el bienestar emocional de todos los involucrados. Al abordar las dinámicas emocionales, capacitar a los profesionales y ofrecer apoyo continuo, se puede facilitar un proceso de divorcio más saludable y constructivo, beneficiando así a las familias en su conjunto.

El divorcio es un proceso que genera un alto impacto emocional tanto en los adultos como en los niños. La psicología jurídica permite entender cómo las emociones, como la tristeza, el enojo y la ansiedad, afectan el comportamiento de las partes involucradas. Esto es relevante para diseñar intervenciones que ayuden a manejar estas emociones de manera constructiva.

Después del divorcio, es esencial ofrecer apoyo psicológico a las familias para ayudarles a adaptarse a su nueva realidad. Esto puede incluir grupos de apoyo para padres y niños, así como recursos educativos sobre cómo manejar el cambio.

El caso del progenitor excluido o con prohibición de acercamiento.

Para lograr una mejor composición del sistema familiar que incluya al progenitor excluido o con prohibición de acercamiento, el sistema judicial debe revisar periódicamente las medidas cautelares, realizar evaluaciones psicológicas exhaustivas, implementar medidas graduales y supervisadas, coordinar con servicios sociales para brindar apoyo integral y aplicar principios legales como la inmediación y la tutela judicial efectiva.

Estas acciones permitirán evaluar si el progenitor excluido o con prohibición puede reintegrarse o comunicarse sin poner en riesgo el bienestar de los menores.

El enfoque del sistema judicial debe ser meticuloso y orientado a garantizar la seguridad y bienestar de los menores.

Cuando se dispone una prohibición de acercamiento al progenitor, estas medidas suelen ser cautelares y están diseñadas para proteger a los menores de situaciones potencialmente dañinas. Por ejemplo, en una sentencia reciente se impuso una prohibición de acercamiento por 90 días como medida cautelar para evitar riesgos inmediatos.

Es esencial que estas medidas sean revisadas periódicamente para evaluar si persisten las razones que las motivaron. En algunos casos, se revoca una prohibición de acercamiento al considerar que ya no existían riesgos para los niños.

La evaluación psicológica es fundamental para determinar si el progenitor excluido puede reintegrarse sin poner en riesgo a los menores. Hay casos en que se decide mantener una distancia emocional y física debido a indicios de violencia por parte del progenitor.

La reintegración puede ser gradual lo que o permite evaluar el comportamiento del progenitor y asegurar que no se produzcan situaciones adversas.

El sistema judicial debe coordinar con servicios sociales para brindar apoyo tanto al progenitor excluido como a los niños. Esto incluye terapias familiares o individuales para abordar conflictos y promover un ambiente saludable.

Mediación

La implementación de programas de mediación familiar que incluyan apoyo psicológico puede facilitar la comunicación entre las partes y ayudar a resolver conflictos de manera más pacífica. Por ejemplo, se pueden ofrecer sesiones de terapia familiar que permitan a los padres expresar sus emociones y trabajar en conjunto por el bienestar de sus hijos.

La mediación familiar puede ser una herramienta eficaz para resolver disputas relacionadas con la custodia, la manutención y otros aspectos del divorcio. La psicología jurídica puede proporcionar técnicas y estrategias para que los mediadores ayuden a las partes a encontrar soluciones mutuamente aceptables.

Formación

La integración de la psicología social en la formación de abogados y jueces puede aumentar la sensibilidad hacia las dinámicas familiares complejas y las necesidades emocionales de los individuos involucrados en procesos legales. Esto puede llevar a un enfoque más empático y comprensivo en la aplicación del derecho.

Es fundamental que abogados, jueces y mediadores estén capacitados en aspectos psicológicos de la temática de familia, en particular de las denominadas familias judicializadas. Esto les permitirá abordar los casos con una perspectiva más amplia, considerando no solo los aspectos legales, sino también las necesidades emocionales de las partes involucradas.

Peritos.

Dado que los jueces no poseen formación en psicología, suelen recurrir a expertos en la materia para evaluar aspectos vinculados a las normativas que regulan su labor. Entre estos especialistas se encuentran los psicólogos, quienes, equipados con las herramientas necesarias para llevar a cabo una evaluación, pueden describir situaciones familiares que emergen en el ámbito judicial. Por lo tanto, el juez solicitará un informe escrito al psicólogo, quien deberá fundamentar su análisis de acuerdo con los principios éticos de su profesión.

La inclusión de enfoques científicos basados en evidencia empírica es esencial para evitar interpretaciones subjetivas que podrían distorsionar las decisiones judiciales. Los test proyectivos, son instrumentos diseñados para captar aspectos subjetivos del individuo. Sin embargo, su validez y fiabilidad han sido objeto de cuestionamiento, ya que los resultados pueden verse afectados por factores culturales, educativos y personales.

La interpretación de estos test depende en gran medida del profesional que los administre, lo que introduce un considerable grado de subjetividad. Además, estos test no ofrecen información directa sobre el comportamiento real del individuo en situaciones cotidianas. Su capacidad predictiva es limitada, especialmente al evaluar comportamientos específicos o patrones de interacción familiar. La administración y análisis de estos test pueden resultar costosos y requerir mucho tiempo, lo que restringe su uso en contextos donde se necesita una evaluación rápida y eficiente.

El perito psicológico debe indagar sobre la presencia de trastornos psicológicos en algún miembro de la familia. En caso de detectar patologías, se procederá a realizar las evaluaciones necesarias y, si es apropiado, al tratamiento oportuno del trastorno identificado.

Debe evaluar las habilidades individuales de los miembros de la familia que sustentan su autonomía personal y decisional. Posteriormente, determinar si estas características personales son adecuadas para asumir roles interpersonales que las potencien o, por el contrario, las obstaculicen.

También realizar una clasificación predictiva del comportamiento futuro y ofrecer recomendaciones sobre la intervención más adecuada para el caso observado. Si es necesario, incluir en el dictamen los detalles relevantes y las orientaciones específicas.